Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais

Sem Diplomacia

O espaço Sem Diplomacia, parceria entre o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, tem como finalidade divulgar análises e comentários de natureza polêmica sobre eventos internacionais. As fontes de referência são jornais, revistas, blogs, sites de think tanks, ONG´s e demais meios em que o posicionamento afirmativo dispensa preocupações discursivas e de conteúdo com a moderação e a busca de consensos na opinião pública.

Nosso objetivo é contribuir para a informação e o debate sobre a conjuntura internacional a partir do registro de visões que por seu teor ideologizado e partidarizado tendem a ficar à margem da divulgação dos grandes meios jornalísticos, justamente porque vão direto ao ponto, sem rodeios, Sem Diplomacia. Os artigos postados levam o mesmo título da fonte de origem, acompanhado de uma síntese explicativa sobre seu conteúdo e o link para acesso à versão completa. Os textos de análise oriundos da equipe do Sem Diplomacia ou de colaboradores externos são publicados na seção Opinião.

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Opinião

¿Quién, y qué, perdió en el 47º Período Ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA?

Tania Yadira Durán González

Los días 19, 20 y 21 de junio del presente año, se celebró en Cancún, México, la reunión de la Asamblea General de la OEA, reunión en la que se esperaba fortalecer a la institución por medio del diálogo y la concertación como enfoques para la prosperidad de la región. Sin embargo, el tema que más acaparó los reflectores, fue la consulta que se realizó el día lunes sobre Venezuela y el proyecto de una resolución, que abonara como base jurídica y de ruta, al fin de la crisis venezolana y el mantenimiento de la paz y la seguridad hemisférica.

Los resultados de esta reunión fueron magros. Ni la institución creció o mejoró en aspectos institucionales, ni se logró llegar a la mayoría necesaria para aprobar la declaración sobre Venezuela. Lo que sí se consiguió, fue atizar la confusión conceptual sobre el “Principio de la no Intervención”, y fragmentar a la CARICOM. De manera mediática, se ha destacado que quienes perdieron fueron México, debido a que no se pudo llevar la victoria diplomática de ser un líder con peso e influencia en la región; Estados Unidos, por su poca capacidad para influir y concretar un grupo de trabajo; y el Secretario de la OEA, Luis Almagro, de quién incluso su cargo se puso como moneda de cambio en las negociaciones. Sin embargo, consideramos que quien en términos materiales reciente más este fracaso es Venezuela, donde la continuidad del impasse político profundiza la crisis.

El proyecto de resolución sobre Venezuela viene cocinándose en la OEA desde el 31 de mayo, cuando en la reunión de cancilleres sobre la situación en Venezuela celebrada en Washington, no se logró un acuerdo para sacar una Declaración Conjunta y se dejó abierta la cesión para continuar con las negociaciones en el marco del 47º período de sesiones de la Asamblea General. El documento que se pretendía aprobar en Washington denunciaba y evidenciaba las violaciones constitucionales y la ruptura del orden democrático a manos del régimen autoritario de Maduro, y buscaba como salida a la crisis, que el gobierno venezolano realizara un calendario electoral, liberara a los presos políticos, restituyera a la Asamblea Nacional, y aceptara la instalación de un canal humanitario, y que además se abstuviera de hacer la convocatoria para una Asamblea Nacional Constituyente. Esta declaración, solo obtuvo el apoyo de 18 Estados, por lo que el tiempo que hubo entre el 31 de mayo y el 19 de junio, fue utilizado para cabildear un mejor documento, y el apoyo necesario para girar esta declaración.

El ejercicio de cabildeo estuvo encabezado por Perú, Brasil y Estados Unidos, quienes representaban al bloque que estaba a favor de una resolución en contra del régimen de Maduro, que negoció de manera directa con Barbados, Guyana y Antigua Barbuda, representantes del bloque que está a favor del gobierno de Venezuela. Los resultados en este cabildeo fueron que el documento que se presentaría a votación en México, retiraba la palabra “rechazar”, haciendo referencia a la Asamblea Nacional Constituyente, por “reconsiderar”. Después de esta modificación, se creyó que en la votación habría consenso con el documento y que se alcanzarían el número de Estados a su favor; sin embargo, al momento de las votaciones, la seguridad en lo pactado comenzó a desaparecer tras varias nubes de confusión.

La primera confusión que apareció fue la circulación de un documento por parte de la presidencia de la CARICOM en manos de Guyana, minutos antes de la votación, documento que no conocían todos los integrantes -quienes se manifestaron en este sentido, con notable molestia, fueron los Estados de San Vicente y las Granadinas, Haití y Dominicana-, y que incluso en éste, había barreras de idioma, puesto que no se había repartido con las traducciones necesarias. El Salvador se pronunció al respecto y pidió un receso para que este documento se conociera al interior de las comitivas de cada Estado antes de ponerlo a votación la plenaria. El tiempo del receso fue de una hora y quince minutos, situación que alteró la dinámica de pronunciamientos.

En la votación, a pesar de pensarse que sólo se votaría por un proyecto de resolución (el que había sido cabildeado y contaba con la promesa de un consentimiento de la mayoría), se terminó votando por dos documentos, fragmentando nuevamente las posturas y trayendo una segunda confusión. El primer documento en ser votado, fue el cabildeado. Obtuvo 20 votos, tres menos de los necesarios para acatarse. A este se opusieron Nicaragua, Bolivia, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Dominica, mientras que los que se abstuvieron, fueron: Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Haití, Granada, Surinam, Trinidad y Tobago y Antigua y Barbuda.

El segundo documento en ser votado fue la resolución que presentó el presidente de la CARICOM, y que finalmente se manejó como una postura individual, hecho que fragmentó al proyecto de integración regional; puesto que solo 10 miembros lo votaron a favor, el resto se abstuvo.

Seguido a la confusión respecto a los documentos a votar, comenzaba a tomar mayor peso en los pronunciamientos la confusión sobre el alcance y definición conceptual del principio de no intervención, que implica el derecho de todo Estado soberano de conducir sus asuntos sin injerencia extranjera. Este principio está sustentado en el artículo 19 de la Carta de la OEA, que dice:

“Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen”.

Y se apoya de las resoluciones hechas por la Asamblea General de la ONU (375, 2131, 2625, 2151) en las que se caracteriza y condena como actitudes intervencionistas de los Estados a la organización, apoyo, fomento y financiamiento a actividades subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por métodos violentos el régimen de otro Estado. Las resoluciones son claras al estipular que todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político económico, social y cultural sin injerencia. Además de que, no debe haber medidas coercitivas de carácter económico y político porque son de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado en tanto sus elementos políticos, económicos y culturales. Toda intervención que tenga elementos de coacción y que viole las convenciones internacionales, y que además sea unilateral es prohibida.

No obstante, el principio de no intervención no es vulnerado cuando las resoluciones están fundamentadas en pruebas que demuestran la violación a los derechos humanos, y cuando las medidas son compatibles con las normas del derecho internacional. La estructura jurídica a respetar en América Latina, además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es la Convención Americana de Derechos Humanos, firmada en 1950.

Quién más hizo sonar la denuncia por violación al principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados fue la canciller venezolana Delcy Rodríguez, cuando presentó un proyecto de resolución sobre el respeto y aplicación de ese principio. No obstante, en el corolario del principio de no intervención, la observancia de los Derechos Humanos no es sometida a la jurisdicción interna y doméstica de los Estados.

A pesar del impasse que se impuso en estas sesiones, lo que se muestra como área de oportunidad para la OEA, es el perfeccionamiento en términos institucionales y normativos de sus procesos. La resolución sobre el caso venezolano no es un proceso que no esté fundamentado en antecedentes institucionales sólidos; esta resolución tiene como antecedentes la reformulación de la Carta de la OEA que ha venido modificándose y mejorándose con los cambios que trajo el Protocolo de Cartagena, el Compromiso de Santiago, y el Protocolo de Washington, por lo que se confía que, la OEA siga avanzando en el fortalecimiento de sus principios.

Postado em 28/06/2017

Venezuela: ¿vamos hacia algún lado?

Tania Yadira Durán González

Como parte del acto conmemorativo del día del trabajo, Nicolás Maduro compartió con los venezolanos, lo que ha dicho, es una propuesta para cerrar las posibilidades de una guerra civil, en la que se identifican como bandos: a una oposición que sufre los efectos de la escasez de alimentos y de la inflación; y los grupos del gobierno, tanto de la parte que labora dentro del gobierno, como de los sectores sociales chavistas y los “colectivos revolucionarios”. Ambos bandos, libran una ofensiva acrecentada desde el último mes, en la que ya han muerto 34 civiles. Maduro, entre todas las opciones con las que contaba, eligió la que menos favor le hace a la democracia y al legado de Chávez: convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de crear una nueva Constitución que tenga como pilar al Estado Comunal.

La reforma que Maduro propone, además de estar fuera del orden constitucional vigente, parece únicamente responder al interés de preservar su poder. Aquí algunas razones que sustentan esta sospecha. Primero, Chávez con la Constitución de 1999, buscó bloquear cualquier intento con el que, algún órgano sobrado de poder, pudiera convocar a una Asamblea Constituyente sin el respaldo del pueblo, por esto, toda convocatoria a una Asamblea Constituyente debería tener como respaldo: más de dos tercios de la Asamblea (suspendida en competencias actualmente); más de dos tercios de los cabildos municipales; el 15% del padrón electoral; y, el apoyo del presidente en turno, todo esto como filtro previo de una convocatoria que únicamente podrá legitimarse y lanzarse después de un referéndum. El candado que puso Chávez, fue roto.

Segundo, si bien la oposición tenía como principal demanda la realización de elecciones, la selección de diputados constitucionalistas no es clara en el decreto de Maduro. A lo más, se sabe que, serán 500 diputados constitucionalistas elegidos en ámbitos sectoriales y territoriales bajo la rectoría del Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante el voto universal, directo y secreto. Además, dice el decreto, la convocatoria debe reconocer a los sujetos del Poder Popular; es decir, a las comunas y consejos comunales, además de los Consejos de Trabajadores y a la juventud. Si esto se cumple, y no se ahonda en las reglas de elección, parecería que los partidos políticos no serían contendientes legales en esta disputa, y solo las élites sociales, aquellas cercanas al ejercicio del poder popular, serían las únicas elegibles.

Tercero, aun cuando el CNE juega a favor de Maduro, se decretó también que la organización de esta convocatoria constitucionalista esté en manos de una Comisión Presidencial, que se encargara de establecer las bases comiciales territoriales y sectoriales, así como los aspectos que sirvan de fundamentación a la conformación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Los miembros de esta Comisión son nada menos que Elías José Jaua; Adán Coromoto Chávez Frías; Cilia Flores, entre otros, todos del círculo más cercano a Maduro. Si bien esta Comisión podría cumplir garantizando el principio de la participación directa, lo que podría terminar eligiendo el pueblo venezolano, sería una fórmula tan sólo concertada por una pequeña élite.

Con el llamado a la generación de una nueva constitución y la solidificación de un Estado Comunal, Maduro espera que se piense en este movimiento como un giro hacia la consolidación del proyecto de Chávez. En 2007 y 2010, Chávez había intentado la instauración de un Estado Comunal, conceptualizado como un programa de transición al socialismo y de radicalización de la democracia participativa, en el que la gestión de servicios, actividades, bienes y recursos, estuviera en manos del pueblo organizado. Únicamente las instituciones públicas del Estado tendrían un papel de acompañamiento técnico.

Y, ¿qué podría estar mal con este modelo? Chávez lo justificaba con las ideas de Boaventura de Sousa Santos, cuando este hacía mención de que el socialismo era una democracia sin fin. Chávez no fue más lejos con la propuesta, porque de alguna manera u otra, sabía cuándo lanzar y cuándo retroceder. El timing político de Venezuela le había anunciado ya que los problemas con su propuesta tenían que ver con que este modelo evitaría la alternancia de poder, además de que lo concentraría en Consejos Comunales, que desde muy temprano, debido a la manera en cómo habían aprendido a negociar con el gobierno (desde arriba y sólo con dividendos), auguraba la formación de élites sociales. A su vez, esta ordenación, rompía con la lógica de ordenación territorial, y dejaba todo en manos de un equilibrio de poder político a presión, no legítimo y con lealtad conmensurable.

Si bien desde un inicio, Chávez no llegó a dar más sistematicidad y profundidad a su propuesta, y le hacían falta condiciones para realizarse, ahora, con la crisis de gobernabilidad que enfrenta Maduro, las condiciones son prácticamente inexistentes.

Maduro con su última decisión, está disolviendo lo que le faltaba de la Asamblea Nacional, acabando con el orden constitucional chavista, y destruyendo, lo que pudo haber existido, de algún legado de Chávez. Maduro, con su propuesta, parece nuevamente desoír a su pueblo. La oposición con la que se enfrenta el gobierno chavista, ya no es solo una clase media-alta que se niega a perder sus lujos, el descontento incluye al pueblo venezolano que está sufriendo con la crisis multidimensional que atraviesa, el desplome de su moneda, la inflación, el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, los desplazamientos dentro y fuera del país, el hambre y la delincuencia.

Mismo al exterior, Maduro se va quedando solo, ha roto, se ha enemistado o está en tensión con la Organización de Estados Americanos (OEA); el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC), la Unión Europea (UE); México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Panamá, Paraguay, Guatemala, Estados Unidos, Costa Rica, Uruguay, entre otros.

Ojalá que el “hacia” que le espera al pueblo venezolano logre resolverse lo más pronto posible, porque si algo hemos aprendido de los recientes cambios de regímenes en lo ancho del mundo, es qué recuperar la gobernabilidad y estabilidad de un Estado cobra por partida doble, llevándose por una parte todo el crecimiento y desarrollo logrado en décadas de esfuerzo, y tardando mucho tiempo más en volver a construir una estructura institucional confiable.


Tania Yadira Durán González
Egresada en Estudios Internacionales Universidad de Guadalajara, México
taniayduran@gmail.com

Postado em 09/05/2017

Donald J. Trump e seus tumultuados “100 dias”

Ariel Finguerut

“O homem mais poderoso do mundo é um ‘troll’ das redes sociais” Pankaj Mishra. No matter how much I accomplish during the ridiculous standard of the first 100 days, & it has been a lot (including S.C.), media will kill! Donald J. Trump (em sua conta no Twitter)

No dia 30 de abril de 2017, Donald J. Trump completou 100 dias como presidente dos Estados Unidos da América. É um momento em que tradicionalmente se faz uma análise. É o momento tanto de avaliar e contabilizar “o que foi prometido” vs. “o que está sendo feito”. É também a chance de encontrar algum indício empírico desvendando o que propõe o governo Trump tanto na dimensão de sua política doméstica como na política externa.

Desde o primeiro discurso presidencial televisionado de Truman, em outubro de 1947, tanto os presidentes quanto a Opinião Pública monitoram e valorizam a “popularidade” e a capacidade do presidente de se destacar e mobilizar o “povo” a seu favor e em torno de sua agenda de governo. Nesse aspecto, dois pontos a destacar no caso de Donald Trump. O primeiro é que dificilmente os EUA já tiveram um presidente tão preocupado com sua imagem e tão obcecado com “o que as pessoas pensam sobre ele” como é o caso de Trump. Mantendo a atmosfera de campanha permanente (inclusive pedindo contribuições, doações e apoio a seus eleitores) e de reality show, mantendo seus quase 30 milhões de seguidores de uma rede social informados às vezes na forma de um “diário” e outras, na forma de um “observador e comentarista de si mesmo”, fazendo comentários provocativos, tentando “chamar a atenção” como uma “celebridade” que precisa se sentir no centro dos holofotes. Sem uma avaliação clínica completa e oficial, apenas se pode especular que talvez Trump seja o primeiro presidente que poderia ter o diagnóstico de “narcisista patológico” ou na melhor das hipóteses, como classificou Dale Beran, Trump é um “símbolo da insegurança de uma geração de “meninos homens” que, mergulhada no universo virtual (de trolls, animes, pornografia, fóruns da direita alternativa e games), criam uma “cultura que celebra o fracasso” e que age com desprezo pelos sentimentos alheios.

Alguns comentaristas argumentam que há evidências claras de um quadro patológico em Trump. Há tanto evidências que os assessores mais próximos precisam “filtrar” as notícias antes de levá-las ao presidente como todo o debate sobre “pós-verdade”, direita alternativa e até mesmo de “fatos alternativos” que recorrentemente aparecem nas falas de Trump e de seus assessores responsáveis pela “comunicação” de seu governo.

Nestes 100 dias, Trump declarou “guerra à imprensa”. O primeiro ato de guerra foi logo após a posse quando – para além de qualquer evidência – não reconheceu e, pelo contrário, pediu que fosse reforçada a ideia de que o evento de sua pose foi o evento de maior audiência da história dos EUA. Em seguida, quando a investigação sobre a influência (e apoio) do governo da Rússia à campanha de Trump ganhou publicidade, a reação do presidente foi de classificar a mídia como “inimiga do povo americano”; restringiu ou proibiu o acesso de alguns repórteres a suas coletivas e chegou a ponto de atacar instituições de seu próprio governo, como o FBI, que faz o papel da polícia federal nos EUA. As evidências do envolvimento russo com a campanha de Trump dão dimensão de um escândalo muito mais grave que outros escândalos recentes que derrubaram ou quase derrubaram governos como o caso do Watergate de Nixon nos anos de 1970 ou de Bill Clinton e suas “relações impróprias” nos anos de 1990. Por hora, Trump perdeu alguns de seus secretários, incluindo alguns nomes de sua mais alta confiança como o general Michael Flynn, seu assessor nacional de segurança e que era especulado como um forte nome para ser o vice na chapa presidencial. Trump não só nega o escândalo como “parte para o ataque”, levantando suspeitas e alardeando conspirações em torno de senadores (tanto democratas como republicanos) e chegou mesmo a comparar em termos de “como a política é feita” entre os EUA e a Rússia, argumentando em linhas gerais que “fins justificam os meios”.

Todo esse desgaste fez dos primeiros 100 dias de Trump talvez também os mais “longos” da história contemporânea dos EUA. O clima de “war zone” que cercou Trump o fez também o presidente mais impopular da história moderna em começo de mandato. Segundo o Instituto Gallup, quando a pergunta é você “aprova” ou “não aprova” o trabalho do presidente Trump, o “não aprova” se manteve acima de 50% em praticamente todo o tempo. Na média destes 100 dias, 41% aprovam Trump. Historicamente é a pior avaliação desde o final da II Guerra. Jimmy Carter, que muitos conservadores não titubeiam em escolher como “o pior presidente” tinha aprovação de 69% e Reagan, que seria “o melhor presidente”, teve 60% de aprovação em seus 100 primeiros dias.

Apesar de toda ilusão de grandeza e de autoafirmação, Trump e seus assessores mais próximos perceberam que estavam afundando – e muito rápido – e passaram a apostar numa guinada, que ficou mais clara na política externa. Se antes o “inimigo” parecia ser a China e seu caráter manipulador monetário, o “amigo” era a Rússia e sua eficácia e comprometimento no combate ao Estado Islâmico, a guinada ocorreu, com a aproximação e nova influência do general H.R. McMaster, seu novo assessor de segurança nacional, bem como, graças a certo afastamento da influência do assessor político, Steve Bannon, o que culminou no dia 6 de abril no ataque por parte dos EUA com mísseis a uma base militar de forças leais a Bashar al-Assad, desagradando os “amigos” russos e sobretudo desagradando a base ideológica até então de Trump formada por paleoconservadores, nacionalistas e a “alt right”. Patrick J. Buchanan, um dos intelectuais dessa base, passou a classificar os “100 dias de Trump” como uma miragem, uma ilusão, um governo que poderia ter colocado os interesses dos EUA em primeiro lugar sem cair na tentação de ser “polícia do mundo”. Já Charles Krauthammer, não exatamente um crítico de Trump, mas um dos intelectuais de linhagem neoconservadora, classificou o ataque como o momento que os EUA acordou, depois de quase 100 dias de sono.

O “despertar internacionalista” de Trump parece avançar. Trump atacou de forma dura bases do Estado Islâmico no Afeganistão, usando pela primeira vez a chamada “mãe de todas as bombas”, a GBU-43/B. A administração também sinaliza para um endurecimento em relação ao regime da Coreia do Norte e volta a dialogar com antigos aliados como Japão, Coreia do Sul e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

No campo doméstico, Trump tenta reagir buscando parecer mais como Reagan (e talvez menos como Nixon), propondo “cortes de impostos” e a volta do aquecimento e dos empregos na economia dos EUA. Sua estratégia de confrontação e intimidação com o Congresso e com sua base republicana já se mostrou incompetente. Trump não conseguiu exatamente o que queria em termos de enterrar o Obamacare, de barrar refugiados e imigrantes muçulmanos e de construir o muro na fronteira com o México. Seu governo fala agora em planos mais amplos e gerais como o de levar “segurança para as fronteiras”, de “corrigir” problemas no Obamacare e de fazer concessões no caso dos refugiados e da imigração. Mesmo assim, a carta do “protecionismo” e do fácil discurso do “nacionalismo econômico” estão ainda vivos.

Trump já mostrou que sempre usará o ataque como estratégia de defesa. Seu recorte político é muito mais entre “establishment” vs. “outsider” do que entre “direita” e “esquerda”, o que nos faz ter mais dúvidas do que certezas sobre sua “real agenda de governo”. Cedo ou tarde com os outros tantos dias que teremos até o fim de seu mandato talvez o que fique é a certeza de que a plataforma de Trump é, e sempre foi, vazia. Ela é construída ao sabor de suas interpretações, seu temperamento, seu ego, seus interlocutores de ocasião e seu auto afirmado “talento único” de negociador invencível.


Ariel Finguerut é Doutor em Ciência Política pela Unicamp, pesquisador do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais (IEEI), rofessor de Relações Internacionais do Centro Universitário Senac.

Postado em 03/05/2017

A radicalização de Maduro e as perspectivas para a Venezuela

Carolina Silva Pedroso

As últimas semanas na Venezuela têm sido marcantes. Saindo de sua reatividade frente aos problemas do país, o governo de Maduro passou a assumir uma postura mais propositiva. No campo internacional, com o revés regional que significou a ascensão de Maurício Macri na Argentina e de Michel Temer no Brasil, a perda de aliados refletiu diretamente na sua posição dentro da Organização de Estados Americanos. De maneira particular, a atuação enfática do atual secretário da organização, Luis Almagro, no sentido de enquadrar o país caribenho, gerou uma contra-resposta. Embora sem os votos necessários para a suspensão da Venezuela da OEA, a crescente pressão sobre o governo bolivariano teve como consequência um passo mais profundo rumo à ruptura do país com o sistema interamericano. Retoricamente, desde que Hugo Chávez foi eleito, a Venezuela adotara um discurso crítico sobre as contradições da OEA em termos de Direitos Humanos, destacando seu silêncio durante as violações perpetradas pelas ditaduras militares na América Latina, que eram apoiadas pelos Estados Unidos. Dessa forma, na visão do então presidente venezuelano, a organização serviria somente como um apêndice dos interesses norte-americanos na região, porém tal discurso não se materializava em gestos concretos de retirada do sistema interamericano. A estratégia adotada era a de criação de organismos homólogos, mas sem a presença estadunidense, como a Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América (ALBA) e a União de Nações Sul-Americanas (UNASUL). Portanto, o posicionamento atual de retirada da OEA é um aprofundamento dos gestos de afronta, ao mesmo tempo em que revela o isolamento da Venezuela da região, contando com um apoio minoritário de Equador, Bolívia, Nicarágua e alguns países do Caribe. Ao mesmo tempo, esse movimento também é visto com receio porque poderia servir de justificativa para uma intervenção direta dos Estados Unidos no país, ainda que tal perspectiva não tenha elementos suficientes para se confirmar.

Internamente, Maduro surpreende novamente ao anunciar o decreto que iniciará um processo de convocação de uma Assembleia Constituinte, a partir dos artigos 347, 348 e 349 da atual Constituição, considerada a principal herança institucional do chavismo. Para os críticos, essa iniciativa faria parte do “autogolpe” do governo, que tenta neutralizar o poder que a oposição conquistou em 2015, ao levar a maioria das cadeiras da Assembleia Nacional. Após o recuo do Judiciário em tentar punir o parlamento por ter nomeado três deputados impugnados, tomando para si provisoriamente o poder Legislativo, a proposta atual tem lastro constitucional e tinha sido amplamente defendida pelos opositores desde 2013. Diante da negativa da oposição em continuar os diálogos mediados pelo Vaticano, Maduro decidiu implementar uma proposta trazida à tona por esses mesmos grupos. No entanto – como provavelmente já era esperado pelo governo – esses grupos agora se opõem à iniciativa, preferindo continuar em constante zona de confronto. A violência – de ambos os lados – nas manifestações de rua demonstra que o grau de conflitividade é tamanho que a incoerência acaba dando a tônica dos debates. Embora afirme que a convocação da Assembleia Constituinte não tenha por objetivo criar uma nova Constituição, mas sim reestruturar o ordenamento jurídico e político em um cenário de coexistência de poderes, existe um risco alto de cooptação do processo por parte do chavismo. Ao colocar o protagonismo dessa Assembleia nas mãos das organizações sociais, em sua maioria chavistas, o governo parece se movimentar no sentido de radicalização e, ao mesmo tempo, de alijamento de forças contrárias. Tanto no caso da OEA quanto da Assembleia Constituinte, Maduro se mostra disposto a aprofundar a disputa pelo poder. Se sua base de apoio terá fôlego para manter as iniciativas presidenciais em pé, em um cenário de crise aguda, é algo que só o tempo poderá dizer. O que se vislumbra, por ora, é que com uma postura mais combativa do governo, os conflitos na Venezuela tendem a aumentar.

Postado em 02/05/2017

México: os números da violência

Marcela Franzoni

Mais um caso recente chamou a atenção para os níveis de violência no México: a morte da jornalista Miroslava Breach, no estado de Chihuahua. Foi o terceiro assassinato registrado no mês de março, depois de uma morte em Guerrero e outra em Veracruz.

Desde 2000, 103 jornalistas foram assassinados no México, o que torna o país o mais inseguro da América Latina para o exercício da profissão. Só no governo de Enrique Peña Nieto, que teve início em 1 de dezembro de 2012, foram 30 mortes. Dos estados da federação, o mais inseguro para a imprensa é Veracruz. De 2012 a 2016, Veracruz teve 19 jornalistas assassinados e oito desaparecidos. No caso do jornalista Ricardo Monlui, morto em 19 de março em um restaurante, ele contava com proteção federal depois que recebera ameaças. Nesse estado, também em março, ainda foram encontradas covas clandestinas que abrigavam dezenas de restos humanos.

Apesar da grande mobilização social contra a insegurança no país, o governo não responde de maneira contundente. Isso porque 90% dos casos de assassinatos envolvendo jornalistas ficam impunes pela justiça mexicana. Depois da morte da jornalista de Chihuahua, o jornal em que ela trabalhava, El Norte de Juárez, anunciou fechar a versão impressa em razão da falta de segurança aos correspondentes. A organização Article 19 classificou a morte como “crisis de violencia contra la libertad de expresión que impera en el país”, já que a morte de jornalistas vem conjugada com a de ativistas de direitos humanos, os quais denunciam os vínculos do crime organizado com as instituições.

O assassinato de jornalistas e ativistas conjuga-se, portanto, com um cenário mais amplo de insegurança e impunidade. Assim, incluem-se também os desaparecidos, cujo caso mais emblemático foi o que envolveu 43 estudantes do estado de Guerrero, em setembro de 2014, a violência de gênero, centenas de caso de deslocamento forçado e a própria corrupção. Em Veracruz, o governador do Partido da Revolução Institucional (PRI), Javier Duarte de Ochoa, encontra-se foragido depois de não ter comparecido para depor diante da acusação de corrupção e tráfico de influência. Ele já havia sido afastado do cargo em outubro de 2016 e teve também seus direitos suspendidos pelo partido.

A gravidade da violência no México é percebida pela população. Em pesquisa de novembro de 2016, da Buendía & Laredo, 69% dos mexicanos afirmam que a violência associada ao narcotráfico aumentou na gestão de Felipe Calderón e Enrique Peña Nieto, maior nível histórico desde 2008. Ademais, 71% dos mexicanos afirmam que a estratégia de combate ao narcotráfico deixou o México menos seguro. Em outra pesquisa que aborda a confiança dos mexicanos nas instituições, as muito confiáveis são a Marinha (48%), a Igreja católica (44%) e a Universidade Nacional Autônoma do México (40%). Por sua vez, as menos confiáveis são os partidos políticos, a polícia e o Instituto Nacional Eleitoral (INE). Nos partidos políticos, 84% dos cidadãos confiam pouco ou nada, enquanto com relação à polícia, a taxa é de 75%.

Quanto à corrupção, em pesquisa de fevereiro, 59% dos mexicanos afirmam que seu combate deve ser prioridade, estando atrás apenas da geração de empregos. Ademais, 50% da população considera que a maior quantidade de corruptos encontra-se no governo federal, o que claramente impacta nos baixos índices de aprovação de Enrique Peña Nieto. Atualmente, apenas um em cada cinco mexicanos aprovam a sua gestão.

Observa-se, portanto, o descrédito da população nas instituições governamentais e na capacidade das mesmas em responderem aos grandes desafios sociais. Muitos culpam a estratégia militarista de combate ao narcotráfico de Felipe Calderón pela violência atual, mas a de Enrique Peña Nieto, proposta como uma estratégia que incrementaria o papel das forças de inteligência, pouco vem sendo percebida como efetiva, tendo ainda como base a forte presença do Exército. No estado de Guerrero, por exemplo, parcelas da população já se organizam de maneira autônoma e não apenas contra os narcos, mas contra as próprias forças governamentais, que estão, em muitos casos, diretamente vinculadas ao crime organizado e à violência.

No caso de Guerrero, a conjuntura de violência também está vinculada à precariedade social em que vive grande parte da população. Pelos dados disponíveis no Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI), é uma das entidades federativas do México com menor nível salarial e com a menor concentração de estabelecimentos produtivos ativos, cenário contrastante com o que ocorre no norte. De acordo com o Índice de Paz México 2016, elaborado pelo Institute for Economics and Peace, Guerrero é o estado mais violento do México, onde as taxas de homicídio vêm aumentando paulatinamente desde 2004.

Nesse complexo cenário de violência e consequente descrença social, o Estado mexicano torna-se, portanto, um ator débil.

Postado em 06/04/2017

Entre o passado e o continuísmo: as eleições equatorianas de 2017

Carolina Silva Pedroso

Em 19 de fevereiro de 2017, realizou-se o primeiro turno das eleições nacionais no Equador. Além da escolha de uma nova composição parlamentar, os equatorianos foram escolher um novo presidente, após uma década de administração Rafael Correa. O atual mandatário, que impulsionou a chamada Revolução Cidadã, é frequentemente comparado ao líder venezuelano Hugo Chávez, com quem estabeleceu alianças, porém seguiu uma trajetória suis generis. Intelectual engajado, Correa elegeu-se com uma plataforma de refundação estatal, com base em um discurso voltado para a redução das desigualdades sociais e a proteção ambiental. Conhecido por ser uma das nações mais empobrecidas da América do Sul, o Equador possuía uma dívida social enorme e, nesse sentido, as políticas implantadas por ele garantiram às camadas mais baixas seus direitos sociais básicos e as incluíram na economia de consumo. Ademais, o histórico de grande instabilidade política do país, que chegou a ter sete presidentes na década que antecedeu a ascensão correísta, apresentava-se como um obstáculo adicional para esse outsider da política nacional. A Constituição de Montecristi, elaborada e aprovada em 2008 pela população, prevê mecanismos legais de estabilização política que tem funcionado para gerar a segurança jurídica mínima para o funcionamento do Estado. Embora também seja exportador de petróleo, como a Venezuela, o Equador é um dos países que melhor preserva sua biodiversidade e foi o primeiro país a reconhecer em seu marco legal a natureza como sujeita de direitos e a plurinacionalidade de seus cidadãos, reconhecendo o quéchua como um de seus idiomas oficiais. Apesar dos notáveis avanços que lhe renderam altos níveis de popularidade no decorrer desses dez anos, a personalização em torno da figura de Correa e os muitos embates que ele travou com setores privados no país, de maneira mais destacada com os meios de comunicação, fizeram com que houvesse também contestação de seu governo.

Em um contexto de enfraquecimento de governos populares na América Latina, e diante da impossibilidade constitucional de tentar reeleger-se novamente, Correa apoiou a candidatura de Lenin Moreno, que de 2007 a 2013 foi seu vice-presidente. Cadeirante e militante da causa dos deficientes físicos, Moreno é apontado como um expoente importante da esquerda latino-americana e, no centenário da Revolução Russa, desperta interesse não só por ser homônimo do líder russo, mas sobretudo por ser uma figura mais discreta que Correa. Entre 2014 e 2016, a convite de Ban Ki Moon, liderou a pasta de Deficiência e Acessibilidade das Nações Unidas e teve uma atuação destacada junto a empresas, organizações e governos no sentido de incluir os deficientes e promover a sustentabilidade. Seu principal opositor nas eleições é o banqueiro Guillermo Lasso, que já trabalhou com Jamil Mahuad, presidente responsável pela dolarização do Equador em 2000, e com Lucio Gutiérrez, líder que derrubou Mahuad e, posteriormente, foi também retirado do poder. Ou seja, além de representar o setor financeiro, Lasso integrou governos que foram altamente contestados pela população, mas que, ainda assim, logrou ser o segundo candidato nas pesquisas de opinião. Enquanto Moreno exprime o desejo de, pelo menos, 30% da população em manter os rumos do país, Lasso traduz o sentimento de volta a um passado mais liberal em termos econômicos e conservador politicamente. Assim como os demais vizinhos sul-americanos, o Equador encontra-se em um impasse entre um projeto que vigorou nos anos 1990 e um que triunfou nos anos 2000. Por ora, não há nada de novo no front.

Postado em 22/02/2017

Indicação de Moraes ao STF indica retrocesso democrático no país

Sara Toledo

A indicação de Alexandre Moraes como Ministro do STF para substituir a recente e controversa morte de Teori Zavascki demonstrou, de maneira curiosa, a crônica falta de sintonia entre instituições democráticas e os atores que a preenchem, evidenciando o déficit democrático do país, que ironicamente, viu à luz a (re) democratização sob a orquestração política do PMDB de Temer, então MDB, tecido pelos ideais democráticos em seus discursos.

Em um momento em que o país ainda tenta compreender a morte de Zavascki, ocorrida em um momento crucial das investigações Lava-Jato, em que o Ministro cumpria posição fundamental no desdobramento das investigações, especialmente aquelas com foro especial, a indicação de Moraes torna-se duvidosa, inclusive pelas suas relações como advogado civil da empresa Transcooper, em que a mídia tem apontado vínculos com o Primeiro Comando da Capital (PCC). (http://m.huffpostbrasil.com/2017/02/06/as-controversias- do-novo-indicado-a- ministro-do- supremo_a_21708108/; http://www.cartacapital.com.br/politica/alexandre-de- moraes-e- o-triunfo- da-ineptocracia)

Contudo, além da crítica ético-moral do papel de Moraes, o mais significativo é o momento crucial em que o nome dele é indicado por Temer. O desdobramento da Operação Lava-Jato tem levado a atores-chave, que operam livremente na condução de nossa frágil e tímida democracia, de modo a já serem citados nas delações, passando pelas mais variadas legendas partidárias, inclusive pelo próprio presidente da República, Michel Temer.

Nesse contexto, a reiteração do senador Romero Jucá (PMDB) à afirmação de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, sobre a necessidade de “botar o Michel num grande acordo nacional” indica de maneira muito evidente que a substituição de Zavascki acontece de modo a colocar um ponto final na Lava-Jato. Em gravação deflagrada em março de 2016, Jucá acrescentava à fala de Machado: “Com Supremo e tudo (…) Delimitava [ a Lava-Jato] onde está, pronto!”. Assim, a indicação de Moraes, se analisada à luz de tais fatores, sugere um golpe pesado contra o funcionamento de nossa democracia.

Adicionalmente, a queda do avião de Zavascki sugeriu o tensionamento perigoso das investigações da Lava-Jato com a classe política, tornando evidente a necessidade de divulgação dos processos de investigação mais do que nunca, na medida em que, como ministro relator da Lava-Jato, Zavascki investigava o foro privilegiado e tinha informações de importância central.

A publicidade dos processos das investigações é algo defendido até mesmo pelo juiz Sérgio Moro (https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2015/08/10/sergio- moro-defende-publicidade-de- processos-da- operacao-lava- jato.htm) que argumenta a necessidade das mesmas para o bom funcionamento da administração pública. Reiteradamente e indo pouco mais além, não seria exagerado afirmar que a abertura e publicidade de tais investigações configuram-se como fundamentais para a vitalidade de nossa democracia, na medida em que o próprio sentido da representação ganharia muito mais sentido e coerência.

Sem dúvida, há nos fatos a conflagração de uma bizarra dinâmica que perdura em nossa recém-democracia com todos os problemas de maturação: ela concilia o discurso democrático com práticas assustadoramente perversas; operacionaliza a democracia por meio das instituições propriamente democráticas mas com práticas e atores que debocham, na prática, do ideal democrático, de modo a garantir que a mesma respire confiante desde que não se afronte com os interesses da classe política, demonstrando em ações como a nomeação de Moraes, o retrocesso de nossa tão frágil democracia.


Sara Toledo é Pesquisadora IEEI-Unesp e NEAI-IPPRI.

Postado em 08/02/2017

Última cartada de Obama para Cuba

Alfredo Juan Guevara Martinez

Começa a se levantar a ponte migratória entre Cuba e os Estados Unidos, ou pelo menos é essa a impressão que fica para a sociedade da Ilha e para a comunidade cubano-americana. No dia 12 de janeiro de 2017, a menos de 10 dias de deixar a presidência, Obama decidiu extinguir a política dos “Pés Secos/Pés Molhados” que facilitava a entrada de imigrantes cubanos ilegais nos Estados Unidos.

Essa política foi oficializada na década de 1990 pela gestão Clinton, como uma forma de resposta à crise da onda migratória de cubanos balseiros que estourou após o fim da União Soviética e isolamento de Cuba, deixando o país do Caribe numa grave crise econômica. A “Pés Secos/Pés Molhados” estabelecia que cubanos que fossem apanhados em alto mar (pés molhados) tentando imigrar ilegalmente para os Estados Unidos seriam devolvidos para Cuba, enquanto que os cubanos que chegassem a terra-firme norte-americana (pés secos) passavam a ser admitidos e auxiliados pelo governo americano.

Se tornou comum nos últimos 20 anos a entrada de cubanos ilegais nos Estados Unidos, pois graças à combinação dos Pés Secos/Pés Molhados com outras políticas específicas que beneficiam apenas os imigrantes cubanos, a ilegalidade da entrada acabava sendo legalizada. Dessa forma, os cubanos estabeleceram diversas rotas para chegar aos Estados Unidos, sendo uma das mais comuns e populares a simples entrada por um posto de fronteira com o México. Com a extinção da política dos Pés Secos/Pés Molhados, apenas cubanos com visto legal passam a poder entrar nos Estados Unidos.

A questão migratória é talvez a segunda temática mais importante e delicada nas relações entre Cuba e Estados Unidos depois do embargo (além de estar diretamente relacionada ao próprio embargo). A nova medida de Obama possui diversos significados e consequências para as relações com Cuba. A política dos Pés Secos/Pés Molhados, apesar de ter sido implementada durante uma rodada de negociações bilaterais entre os países para sanar a crise migratória, nunca foi vista pelo governo cubano de forma positiva. Para Cuba, a medida incentivava a imigração ilegal de cubanos para os Estados Unidos, dado o tratamento beneficiado que estes recebiam. Terminar com essa prática é acatar com uma das exigências que o governo cubano tem feito durante muitos anos e, especificamente, durante o recente ciclo de normalização entre os dois países.

Além disso, o contexto em que acontece essa mudança é peculiar. Obama fez isso poucos dias antes de sair, e foi substituído por um Presidente republicano que já anunciou a possibilidade de reverter o processo de normalização com Cuba. Em tese, uma reversão total do processo de normalização está alinhada com os setores políticos e sociais mais conservadores acerca de Cuba, mas essa mudança no tema migratório complica a situação.

Acontece que hoje nos Estados Unidos é possível dividir a sociedade cubano-americana em dois setores de opinião política sobre Cuba. Os conservadores anticastristas, que são contra qualquer aproximação com o governo cubano, e os mais flexíveis, que não se importam tanto com as divergências ideológicas com o governo de Cuba, e são a favor de que as relações entre os dois países permitam proximidade com a sociedade cubana (visitas familiares, remessas de dinheiro e bens para a ilha etc.). A última medida de Obama afeta a ambos os setores, visto que eram beneficiados pela Pés Secos/Pés Molhados. Na verdade, uma grande parcela da população cubano-americana chegou de forma ilegal aos Estados Unidos e se legalizou com facilidade graças a esse tipo de política. Vale lembrar que essa comunidade hoje é um importante eleitorado na Flórida, estado-chave para eleições presidenciais.

Nesse caso, para agradar a influente comunidade cubano-americana como um todo, a solução do novo governo pareceria ser fácil: reverter a medida que abole a Pés Secos/Pés Molhados. Na verdade, não. Em primeiro lugar, a Pés Secos/Pés Molhados foi criada por Clinton, um presidente democrata. Se algo ficou claro nas eleições de novembro, foi a polarização ideológica dos Estados Unidos entre democratas e republicanos, em que não há uma conciliação clara. Além disso, grande parte da plataforma proposta por Trump gira em torno de um fechamento dos Estados Unidos para imigrantes ilegais. Ora, a medida de Obama nada mais é do que algo desse gênero.

Apesar de coerente com a iniciativa de normalização, a extinção da Pés Secos/Pés Molhados deixa evidente como é confusa a rede de interesses de políticos e sociedade em relação a Cuba. O próprio senador Marco Rubio (de origem cubano-americana) – que durante anos tem combatido medidas de flexibilização de viagens de visita a Cuba e remessas ao exterior, por meio da restrição da entrada de cubanos que não sejam perseguidos políticos – disse que valeria a pena o presidente-eleito Trump rever essa última medida adotada por Obama.

Mesmo que a normalização de relações com Cuba venha a ser totalmente revertida, é inegável que a gestão Obama moldou a história de relações da Ilha com os Estados Unidos, reavivando discussões sobre tensões do passado.


Alfredo Juan Guevara Martinez é mestre em Relações Internacionais pela PUC-MG, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP e PUC-SP) e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos sobre Estados Unidos (INCT-INEU) e do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais da UNESP (IEEI-UNESP). Especialista em relações Estados Unidos-Cuba.

Postado em 08/02/2017

Crise nas relações com os Estados Unidos: e agora, México?

Marcela Franzoni

Mestranda no Programa de Pós-Graduação
em Relações Internacionais San Tiago Dantas
(UNESP, UNICAMP e PUC-SP).

Donald Trump parece ter pressa de implementar uma de suas principais promessas de campanha, a construção de um muro na fronteira com o México. Assim, cinco dias após assumir o governo, no dia 25 de janeiro, assinou um decreto que prevê a sua construção, assim como a contratação de mais de cinco mil agentes federais para o patrulhamento da fronteira.

A ideia de construir uma barreira física entre os dois países não é nova. Em cerca de um terço da fronteira, em torno de 1080 quilômetros, já existe um cercado que divide o México dos Estados Unidos. Construída em 2006 por 20.000 trabalhadores, a barreira metálica já existente é diferente da proposta de Trump, que quer um muro de concreto e capaz de conter a entrada de imigrantes ilegais e aumentar a segurança no país. Durante a assinatura do decreto presidencial, reforçou o que já tinha dito durante a sua campanha, que o México irá pagar integralmente pelo muro. Ademais, Donald Trump afirmou que o planejamento da medida começará imediatamente, enquanto sua construção será em meses. Para o presidente, a medida também beneficiará o México, ajudando-o a controlar a imigração ilegal da América Central e os cartéis de droga.

Horas depois do decreto, Enrique Peña Nieto, presidente do México, fez um anúncio oficial condenando a decisão do governo vizinho, reafirmando que o México não pagará por ele. Disse ainda que o país não acredita em muros, que longe de uní-los, vai dividi-los. Ademais, afirmou estar tomando medidas para proteger os imigrantes mexicanos residentes nos Estados Unidos, oferecendo-lhes maior amparo legal.

O anúncio da construção do muro veio em um momento já bastante incerto no futuro das relações bilaterais entre os dois países. Estavam em Washington o Secretário Mexicano de Relações Exteriores, Luis Vedegaray, e o de Economia, Ildefolso Guajardo. É o início de um longo processo de renegociação do Tratado de Livre Comércio da América do Norte, composto pelo México, pelos EUA e pelo Canadá. Das primeiras conversas dos secretários com os assessores de Donald Trump, pouco foi divulgado à imprensa. Luis Videgaray classificou o dia como de contrastes, já que se disse surpreendido pela decisão do muro, enquanto teve sinais positivos da equipe de Donald Trump.

Até o pronunciamento oficial, ainda estava agendada visita de Peña a Washington, no dia 31 de janeiro, mesmo diante da mobilização doméstica para que o presidente adiasse. O Partido da Ação Nacional (PAN) no Senado pediu que o presidente reconsiderasse, assim como fez Jorge Castañeda, ex-secretário de Relações Exteriores, e a possível candidata presidencial para 2018, Margarita Zavala. Contudo, no dia 26 de janeiro, em resposta ao pronunciamento de Enrique Peña Nieto, Donald Trump colocou em uma rede social que, se o México não tem a intenção de pagar pelo muro, seria melhor que cancelasse a reunião. Então, logo depois, Enrique Peña Nieto anunciou que não irá aos Estados Unidos, apesar de reiterar sua disposição para trabalhar com o vizinho.

O cancelamento da reunião com Donald Trump expôs o atual nível de desacordo entre os dois governos, ademais da enorme pressão doméstica que enfrenta Enrique Peña Nieto. Colocou-se em dúvida também a real capacidade dos agentes mexicanos de negociar com a equipe de Trump e mais, de efetivamente conseguir um acordo onde as duas partes ganhem. Apesar do presidente Enrique Peña Nieto insistir em negociar, parece claro que há temas que não serão postos na mesa, temas que o México vem demandando historicamente, como a questão da segurança e a migratória.

É provável que Enrique Peña Nieto estivesse esperando os futuros desdobramentos das conversas dos secretários nos Estados Unidos para que pudesse tomar uma decisão definitiva. Para sua posição, a visita colocava-se como uma grande encruzilhada: se fosse acordada alguma medida que beneficiasse o México concretamente, podia ser que viesse a conseguir maior apoio interno, que hoje tem seus níveis mais baixos depois do aumento do preço da gasolina, decretado no dia 1º de janeiro. Se nada fosse acordado e ainda houvesse desencontros de informações, como na visita de Trump ao México, em agosto, reforçaria sua posição como um governo débil, comprometendo ainda mais sua base de apoio no país.

Diante do cenário incerto, erguem-se vozes na academia, no governo e entre o empresariado para a unidade nacional. O fato de estarem sendo abertas negociações entre os países do NAFTA mostra que pode ser um momento de redefinir o papel do México no mundo, incluindo suas relações com os EUA e com a América Latina. O Secretário de Relações Exteriores já afirmou que, caso a renegociação do NAFTA não gere algo produtivo para o México, o país não descarta a possibilidade de sair do Tratado.

Há, portanto, muitos desencontros e desacordos de qual seria o melhor caminho a seguir. O governo mexicano, além de entender-se com os negociadores estadunidenses, terá que agregar posições de vários grupos domésticos que conclamam participação nas negociações e pedem transparência na divulgação dos temas que serão discutidos. A unidade nacional passaria, portanto, por repensar uma nova estratégia de desenvolvimento socioeconômico, assim como na política exterior, reavaliando a posição internacional do México.

A conjuntura é bastante complexa. Os mexicanos deparam-se com a conjunção de dois processos simultâneos e que irão impactar na posição do país nas negociações: um governo desacreditado internamente, somado a uma posição no país vizinho fortemente antimexicana. Esse é, portanto, o maior desafio da política externa do México nos últimos anos, que ainda que gere cismas, apresenta um forte elemento que os une.

Postado em 26/01/2017

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